Desplazamiento forzado por factores ambientales: La urgencia de una respuesta integral en Colombia

Julián Felipe Cristiano Mendivelso

Según el informe de la Convención de Cambio Climático (UNFCCC) de 2023, el 100% de los municipios de Colombia enfrentan algún tipo de riesgo vinculado al calentamiento global, posicionando al país entre los más vulnerables frente a emergencias climáticas y pérdida de biodiversidad.

Esto se contrasta con las cifras de desplazamiento interno por desastres las cuales son alarmantes: según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC por sus cifras en inglés), Colombia está entre las naciones más afectadas, con cerca de 351.000 personas obligadas a desplazarse por desastres naturales solo en 2023.

Fuente: IDMC, cifras Colombia 2023

Las cifras muestran que las inundaciones y tormentas son los eventos que más provocan desplazamientos por desastres naturales en Colombia.

Estos desplazamientos están relacionados con la frecuencia de fenómenos naturales que desencadenan movimientos forzados, ya sea antes, durante o después de un desastre. Es importante señalar que estos desplazamientos no siempre son permanentes; pueden ser temporales o definitivos, dependiendo de la magnitud del fenómeno y sus efectos en las condiciones de habitabilidad de las zonas afectadas.

A nivel internacional, además de las preocupaciones señaladas por la UNFCCC y el IDMC, se suma el reciente pronunciamiento de la ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados). En el marco de la COP16, la ACNUR expresó su profunda preocupación por las cifras antes mencionadas y destacó su plan de acción para brindar apoyo en respuesta a esta problemática.

Por otra parte, a nivel nacional, la respuesta institucional parece insuficiente ante la magnitud del problema. En la reciente sentencia T-123 de 2024, la Corte Constitucional analizó la respuesta estatal frente al desplazamiento por factores ambientales y concluye tres puntos clave:

• En primer lugar, que, aunque la legislación colombiana incluye algunas medidas para atender a las víctimas de desplazamiento forzado debido a factores ambientales, estas son insuficientes para captar plenamente las múltiples dimensiones del impacto en las personas y para asegurar una respuesta integral, adecuada y efectiva. La normativa actual presenta varias limitaciones: (a) no reconoce explícitamente el desplazamiento forzado por dichas causas; (b) no ofrece un marco regulatorio completo para abordar este fenómeno; (c) contempla solo medidas de atención parciales o limitadas, enfocadas principalmente en la respuesta inicial o de emergencia ante situaciones de catástrofe; y (d) carece de mecanismos efectivos de protección a largo plazo.

  
  

  Además, al centrarse en los desastres, la regulación excluye la protección de quienes se ven desplazados por fenómenos ambientales de evolución lenta o causas distintas a los desastres.

  
  

• En segundo lugar, se concluye que el marco de protección de la normativa en Colombia está limitado a las víctimas de violencia y conflicto armado, (impulsado por órdenes judiciales como la T-025-2004) dejando sin cobertura a quienes son desplazados forzadamente por otras causas. Esto implica que no existe un marco jurídico específico en el país para la atención integral, protección y garantía de los derechos de las personas desplazadas por factores ambientales.

  
  

• Finalmente, no se cuenta con un sistema de registro que permita reconocer a estas personas como desplazadas, lo cual impide ofrecerles una atención adecuada y oportuna frente a su situación.

  
  

Así, el órgano constitucional determina que las víctimas de desplazamiento forzado por factores ambientales enfrentan un claro déficit de protección constitucional y subraya la necesidad de establecer un régimen especial y diferenciado para estas personas.

Para lograr este fin, la sentencia exhorta al Congreso de la República y al Gobierno nacional a desarrollar un marco normativo que aborde el fenómeno desde un enfoque diferencial. Además, insta a la Defensoría del Pueblo a que presente un proyecto de ley orientado a afrontar esta problemática. Siguiendo esta línea, el pasado 30 de octubre se radicó el proyecto de ley 415/2024C, “Por medio de la cual se establece un Marco de Protección para las personas desplazadas por factores ambientales, se les reconoce como Sujetos de especial protección y se dictan otras disposiciones.” que pretende dar cumplimiento a esta orden judicial y atender integralmente el problema. (No obstante, el análisis detallado de esta propuesta legislativa se abordará en una columna aparte).

A partir del análisis de la información presentada, resulta inconcebible que, pese a las alarmantes cifras reportadas por agencias internacionales, Colombia siga enfrentando graves problemas estructurales en su respuesta al desplazamiento forzado por factores ambientales. La persistencia de deficiencias en el marco normativo y en los sistemas de registro y protección revela una falta de preparación institucional para atender adecuadamente a estas víctimas, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de las poblaciones afectadas. En lugar de ofrecer una respuesta coordinada, las autoridades parecen no tener la capacidad de brindar atención integral y efectiva a quienes sufren las consecuencias de este desplazamiento.

Es urgente la creación de un sistema nacional de registro y mapeo de las víctimas del desplazamiento forzado por factores ambientales, que permita identificar con precisión la magnitud del problema y la ubicación de las personas afectadas. Solo a través de un sistema robusto y accesible podremos ofrecer respuestas coordinadas y eficaces, basadas en datos confiables, que aseguren la atención integral de esta población vulnerable.

Sin embargo, más allá de las medidas paliativas, es fundamental que Colombia desarrolle, de manera pronta y decidida, una política pública que aborde este fenómeno en su totalidad. No solo se trata de brindar atención a los desplazados, sino también de enfrentar de manera contundente su causa raíz: el cambio climático.

Las acciones humanas que degradan el medio ambiente y contribuyen al calentamiento global son las principales responsables de esta crisis. Debemos atacar seriamente las causas subyacentes de este problema, priorizando políticas de conservación, adaptación y mitigación ambiental que garanticen la protección a largo plazo de las comunidades más vulnerables.