La mina de azufre en el páramo de Guanacas – Puracé – Coconucos: el desafío de la reconversión productiva.

Julián Felipe Cristiano Mendivelso

El páramo Guanacas – Puracé – Coconucos, ubicado en el Cauca, es un ecosistema de alta montaña reconocido por su diversidad ambiental y su importancia ecológica en la región. En medio de este ecosistema, a unos 3600 metros sobre el nivel del mar, durante más de 70 años, ha sido explotado un yacimiento de azufre, un mineral no metálico importante en varios procesos industriales, como la producción de ácido sulfúrico, la elaboración de caucho, explosivos, fertilizantes, producción de jabones, textiles y pieles.

La mina de azufre “El Vinagre” del páramo de Guanacas – Puracé – Coconucos es única en el país. A finales del siglo XX y principios del XXI, el yacimiento alcanzó un notable auge. Sin embargo, la implementación de políticas orientadas a la gestión y conservación de los páramos generó una serie de desafíos ambientales y administrativos, que sumados a la prohibición legal de la minería condujo al cese de la operación en el año 2018.

El punto de inflexión ocurrió precisamente en ese año, cuando el Ministerio de Ambiente delimitó oficialmente el páramo Guanacas – Puracé – Coconucos mediante la Resolución No. 180 de 2018. Esta medida, adoptada en cumplimiento de las Leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015, prohibió la actividad minera en la zona, lo que, sumado a dificultades contractuales del titular minero, llevó al cese definitivo de la explotación.

Con el cierre de la mina "El Vinagre" la comunidad perdió su principal fuente de ingresos, y si bien, la producción había disminuido en los años previos a la delimitación de páramo, una parte importante de la población local dependía de manera directa o indirecta de los beneficios de esta actividad.

Situaciones de incertidumbre como las de Puracé también se replicaron en otros páramos del país. La delimitación de estos ecosistemas para restringir ciertas actividades tradicionales ha propiciado la emergencia de escenarios de incertidumbre. La implementación de medidas para la gestión del ecosistema plantea preguntas fundamentales: ¿Cómo reemplazar la fuente de ingresos? ¿De qué vivir? Durante años, dichas actividades habían sustentado la economía de las comunidades.

Esta serie de cuestionamientos llevó al gobierno y a los sectores interesados a reconsiderar la necesidad de implementar programas de reconversión, sustitución o reubicación laboral en las áreas delimitadas como páramos. Como resultado, en la denominada “Ley de Páramos” No. 1930 de 2018, fue incluido un conjunto de medidas, restricciones y programas dirigidos a los habitantes paramunos: Las disposiciones jurídicas reconocieron a los pobladores locales como actores fundamentales del ecosistema, lo que implicaría la adopción de medidas diferenciales en su favor.

En lo que respecta a Puracé, han pasado siete años desde la delimitación del páramo, el cese de actividades en la mina “El Vinagre” y la expedición de la Ley 1930. Si bien ha habido algunos avances desde el sector minero en términos de los programas de sustitución (cierre y desmantelamiento de la mina), así como en los procesos de reconversión orientados principalmente turismo, los resultados siguen siendo limitados. La estrategia turística aún no se ha implementado plenamente en la zona minera, y varios de los programas contemplados en la Ley 1930 no se han aplicado de manera efectiva, mientras que otros ni siquiera han sido adoptados.

Programas como la valoración ambiental, los gestores de páramo y los planes integrales de educación ambiental siguen en incertidumbre, no solo en Puracé, sino en todos los páramos ya delimitados (Conoce las resoluciones de páramos delimitados).

Sumado a ello, el caso del páramo Guanacas – Puracé – Coconuco presenta un desafío particular. A diferencia de otros páramos donde la minería ha sido una actividad clave, como Pisba y Santurbán, en esta región confluyen seis grupos étnicos[1], lo que exige una aproximación que integre sus modelos de gobernanza y sus visiones sobre el territorio. La implementación de los programas establecidos necesita un diálogo intercultural que permita armonizar la conservación del ecosistema con las formas de vida tradicionales. Esta situación se agrava debido a que ni la Ley 1930 de 2018 ni la delimitación del páramo fueron objeto de consulta previa (ver sentencia C-369 de 2019).

Puracé es solo un ejemplo de la lenta, inadecuada y descoordinada implementación de la Ley 1930 de 2018. La situación de sus habitantes refleja no solo lo que ocurre en otros ecosistemas de páramo, sino que también refuerza las preocupaciones e incertidumbres de las comunidades, que perciben en la delimitación una afectación directa a sus derechos sociales, económicos y culturales.

Al evaluar los esfuerzos institucionales del Ministerio de Ambiente, se observa un enfoque predominante en la gestión de los cuatro procesos de delimitación en curso (Pisba, Santurbán, Almorzadero y Sumapaz) mientras que los recursos destinados a la implementación de programas en los páramos ya delimitados son insuficientes para cubrir las necesidades de las comunidades que habitan estos ecosistemas.

Es relevante destacar que con base en las cifras de la última caracterización poblacional en áreas de Páramo en los 33 páramos con delimitación definitiva, residen 48.377 personas, mientras que en los cuatro páramos en proceso de delimitación (Pisba, que nunca ha sido delimitado, y Santurbán, Almorzadero y Sumapaz, que están en proceso de nueva delimitación debido a decisiones judiciales) habitan 27.841 personas. Esta cifra evidencia que, aunque la mayoría de la población afectada por las delimitaciones se encuentra en los páramos ya definidos, los esfuerzos y recursos institucionales se están concentrando principalmente en los páramos en proceso de delimitación, dejando una brecha en la atención de las necesidades de comunidades como las de Puracé.

Esto no pretende restar importancia a los procesos de delimitación en curso, sino reafirmar una idea clave: una de las maneras más efectivas de aliviar las preocupaciones de las comunidades en los cuatro páramos en proceso de delimitación (muchas de ellas basadas en la falta de información) es mostrar que en los páramos ya delimitados se están llevando a cabo de manera efectiva los programas, medidas y garantías para los habitantes paramunos. Al hacerlo, se evidenciaría que, aunque no parezca sencilla la transición hacia actividades económicas compatibles con la conservación del páramo, esta también puede ofrecer oportunidades económicas rentables para los habitantes paramunos.

En este sentido, es fundamental reconocer que el Páramo de Guanacas – Puracé – Coconucos, además de ser un ecosistema estratégico de incalculable valor ambiental, ha sufrido un impacto significativo debido a décadas de actividad extractiva. Sin embargo, también es un territorio habitado por comunidades trabajadoras y resilientes, con estructuras de gobernanza propias que han aprovechado sus recursos por generaciones. Durante años, sus habitantes contribuyeron al desarrollo del país mediante la extracción de azufre, y hoy enfrentan el desafío de revertir los efectos de esa explotación mientras redefinen su futuro en armonía con la conservación del páramo y el respeto por la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios que lo habitan.

La transición productiva no puede depender únicamente de su esfuerzo y adaptación; requiere de un esquema de gobernanza que reconozca la misión de las comunidades como protectores del territorio y garantice alternativas sostenibles construidas de manera participativa. Responder con inversión suficiente, coordinación interinstitucional, respeto por la autonomía étnica y una visión a largo plazo es un primer paso para lograr una gobernanza territorial adecuada en el ecosistema.

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[1] Pueblos de Páez, Totoró, Misak, Kokonuco, Yanacona y Nasa.