Antecedentes y memorias del ordenamiento ambiental del territorio en Colombia: Una mirada al CONPES 1408 de 1976 - Programa de Parques Nacionales Naturales

Alan David Vargas Fonseca

El Documento Conpes 1408 de 1976, titulado “Programa de Parques Nacionales Naturales”, se concibió como una apuesta temprana de política pública para ordenar, conservar y proyectar la «infraestructura ecológica del país». Su propósito central era doble: orientar la ejecución de inversiones en doce áreas ya declaradas como parques para mejorar sus condiciones de manejo y conservación, y reservar veinte áreas nuevas para que el INDERENA las integrara progresivamente al Sistema de Parques Nacionales Naturales.

En su momento, el documento se presentó como una hoja de ruta: selección de áreas estratégicas bajo criterios científicos, recreativos y culturales, acompañada de un programa de desarrollo que debía garantizar la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras.

Algunas áreas como Tayrona, Puracé o la Sierra Nevada de Santa Marta lograron consolidarse como referentes de conservación y turismo ecológico. Pero muchas de las zonas previstas permanecieron atrapadas en fases preliminares de diagnóstico, sin Planes Maestros implementados ni infraestructura suficiente. La desigualdad en la ejecución, las tensiones con comunidades locales y el débil financiamiento estatal limitaron la visión integral planteada en los años setenta.

Áreas de parques existentes en 1976.

Fuente: Conpes 1408 de 1976.

A pesar de haber transcurrido medio siglo, en 2025 siguen vigentes los mismos problemas que el documento ya advertía: la presión de la colonización, la tensión entre conservación y subsistencia de las comunidades locales y la urgencia de actuar antes de que la reubicación se convirtiera en un dilema irresoluble. Pero las soluciones concebidas no lograron materializarse, la expansión agrícola, la minería ilegal y los intereses económicos avanzaron sobre territorios que deberían estar destinados a la preservación. De esta forma, el “costo presente bajo” con el que se justificaba la creación de los parques terminó convirtiéndose en una pesada deuda ambiental y social que se ha acumulado con el paso del tiempo.

Áreas nuevas propuesta por el CONPES

Fuente: Conpes 1408 de 1976.

Aunque el documento comienza afirmando que “no es necesario ahondar en la necesidad de conservar los recursos naturales”, lo cierto es que la conservación, en un contexto actual de cambio climático y de conflictividad social, debe leerse de manera distinta. En 1976 la noción de preservación no era excluyente de actividades de gran impacto, lo cual muestra las tensiones entre conservación ambiental y desarrollo económico. Para esa época, el discurso de los parques nacionales convivía con la idea de que estos territorios podían servir como reservas estratégicas para proyectos de infraestructura de gran escala.

Un ejemplo ilustrativo es Paramillo Sinú (Córdoba y Antioquia), descrito como un ecosistema de selvas húmedas con endemismos significativos y cabeceras de los ríos Sinú, San Jorge y tributarios del alto Río Sucio. Paradójicamente, su conservación se justificaba también por su importancia para el desarrollo de futuros proyectos hidroeléctricos del río Sinú.

De manera similar, en Chingaza (Cundinamarca y Meta) se combinaba la idea de preservación de flora y fauna con su papel como fuente de aprovisionamiento de agua para Bogotá y el piedemonte llanero, además de las posibilidades de desarrollo hidroeléctrico. Esta visión revela cómo en la política ambiental de los setenta se concebían los parques como territorios multifuncionales, donde la protección de la biodiversidad podía coexistir con planes de explotación energética.

Hoy en día, resulta impensable que se declare un parque nacional para luego señalar su potencial como escenario de hidroeléctricas. Este contraste evidencia la transformación del concepto mismo de parque nacional, que pasó de ser un instrumento flexible —conservacionista pero al mismo tiempo utilitario— a convertirse en un símbolo de protección estricta de los ecosistemas. En ese tránsito, se refleja tanto el aprendizaje institucional como el giro en la comprensión social y política de la noción de preservación.

El asombro con el que podemos leer hoy el Conpes 1408 de 1976, como antecedente de una estrategia de ordenamiento ambiental del territorio de carácter nacional, no recae tanto en su formulación, sino en la brecha entre sus propósitos y su ejecución, es decir, el proceso de implementación. Sin un financiamiento estable, sin participación social vinculante y sin una gobernanza territorial efectiva.

Revisar este documento no es simplemente un ejercicio de memoria histórica. Es, más bien, un recordatorio de que los fundamentos de una política ambiental integral estaban sobre la mesa hace medio siglo, y sin embargo, la deuda con los ecosistemas y con las comunidades rurales —particularmente con campesinos duramente golpeados por el conflicto armado— sigue vigente. Esa deuda se ha profundizado en la medida en que los modelos de desarrollo, centrados en la explotación de recursos, han convivido en tensión con la idea de preservación, debilitando la efectividad de los parques como herramienta de justicia ambiental y territorial.

El pasivo en materia de implementación rastreable en el Conpes 1408 solo podrá saldarse cuando se abandone la visión reducida de los parques como límites estáticos, concebidos únicamente como barreras contra la expansión agrícola o urbana, y se reconozca su potencial como nodos vivos de resiliencia ecológica, cultural y climática. Esta transformación implica integrar de manera genuina a las comunidades locales en la gestión, fortalecer el financiamiento público y asumir que los parques son piezas estratégicas no solo para la conservación, sino para la adaptación al cambio climático y la construcción de territorios sostenibles y justos.

En conclusión, el Conpes 1408 es al mismo tiempo un documento visionario en su planteamiento, pero limitado en su implementación práctica. Más que un plan de acción vinculante, fue una guía estratégica que evidenció la necesidad de articular conservación y desarrollo. Hoy su lectura nos recuerda que la política ambiental no puede seguir siendo un proyecto inacabado; debe convertirse en un eje central de la gobernanza nacional, capaz de garantizar la dignidad de las comunidades y la integridad de los ecosistemas.