Educar para gobernar el cambio: la deriva epistemológica y su relación con la crisis climática

Alan David Vargas Fonseca

En el siglo XXI, la educación y la administración pública enfrentan un desafío común y transversal: gobernar en un contexto de cambio acelerado, incertidumbre estructural y crisis climática. No se trata únicamente de adaptar políticas sectoriales o introducir contenidos ambientales en los planes de estudio, sino de repensar la forma en que ciudadanos y tomadores de decisiones logran capacitarse para poder comprender, diseñar escenarios anticipatorios e influir en la gestión de transformaciones complejas.

A propósito del cambio climático, todavía es necesario enfatizar que no es solo un problema ambiental. Es un fenómeno que reconfigura la economía, el territorio, la salud pública, la seguridad alimentaria y las relaciones sociales. En ese sentido, las sociedad van a requerir administraciones públicas que mantengan su estructura especializada pero que adopten lenguajes y estrategias flexibles en la intervención de esta clase de macro problemas públicos. Sin embargo, dichas capacidades no surgen espontáneamente o por medio de programas de corto plazo: se construyen, en buena medida, desde el sistema educativo, especialmente las organizaciones universitarias.

Uno de los principales déficits actuales es la persistencia de modelos educativos diseñados para contextos de estabilidad. La educación universitaria tradicional, heredera de la lógica industrial, privilegia la especialización, la memorización y la estandarización. Este enfoque resulta insuficiente frente a un escenario marcado por la incertidumbre climática, donde las decisiones públicas deben tomarse con información incompleta, riesgos interdependientes, horizontes de largo plazo, pero con el máximo aprovechamiento de las inteligencias artificiales. Formar para el cambio climático implica, ante todo, tal como señala Yuval Noah Harari, aprender a sentirnos cómodos con lo desconocido.

Desde la perspectiva de la administración pública, el reto es doble. Por un lado, los servidores públicos requieren competencias nuevas: lectura territorial del riesgo, uso crítico de datos climáticos, enfoque preventivo, trabajo intersectorial y diálogo con comunidades (entre otras recomendaciones planteadas por el Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas). Por otro, la autoridad estatal debe asumir la educación permanente de sus servidores y colaboradores, desde un enfoque andragógico, que reconozca la experiencia previa, el aprendizaje situado y la formación continua como ejes para anticipar escenarios de crisis, coordinar respuestas oportunas y garantizar decisiones basadas en evidencia científica y conocimiento local. Esto implica fortalecer las capacidades de planificación, garantizar la accesibilidad de los sistemas de información y promover una gestión pública flexible, transparente y orientada al interés general, capaz de articular políticas de desarrollo, adaptación y justicia social frente a los desafíos del cambio climático.

De modo que, hay un problema clave con el cambio climático que empieza a ser notorio: mientras el cambio climático demanda instituciones flexibles y adaptativas, la formación de muchos funcionarios, colaboradores y políticos electorales sigue anclada a las estrategias de acción, gobernabilidad y gobernanza del siglo XX, compartimentados y poco permeables al conocimiento científico contemporáneo. La brecha entre la velocidad del cambio climático y la lentitud de los sistemas educativos y administrativos es, hoy, uno de los mayores riesgos para la gobernanza ambiental.

Superar esta brecha exige una apuesta decidida por una educación pública orientada a la resiliencia democrática. Esto implica integrar el cambio climático como eje transversal en la formación de docentes, profesionales y servidores públicos; fortalecer el diálogo entre ciencia, derecho y política pública; y reconocer que gobernar en las circunstancias actuales de la crisis climática no es solo una cuestión técnica, si no de visión política y económica, capaz de orientar decisiones estratégicas de largo plazo, fortalecer la capacidad del Estado para anticipar riesgos y consolidar instituciones públicas más sólidas, coherentes y adaptativas frente a escenarios de alta incertidumbre.