Sobre la revolución ética que propone Iván Cepeda y sus alcances en política ambiental

Corporación Ius - Ambiente

Ética y cotidianeidad en la función pública

Reconocer que la corrupción hace parte del sistema político colombiano no constituye un hallazgo relevante. Todas las democracias son vulnerables al florecimiento de las mafias y cualquier clase de red de cooperación alegal. Dado el contexto electoral en Colombia durante mayo de 2026, resulta pertinente reflexionar sobre los intentos desarrollados hasta la fecha de construir una "función pública decente" e identificar las condiciones necesarias para llevar a cabo un proyecto político-moral que no sea simplemente palabrería electoral, sino que propicie una ruptura ética y profesional en el ámbito laboral de la administración pública: una ruptura que pueda corresponder con el término "revolución", en tanto que sea un cambio profundo, rápido y destructor de las viejas ideas que soportan la cotidianeidad de las oficinas estatales.

Este texto examina las condiciones bajo las cuales una revolución ética en la función pública podría transformar la política ambiental colombiana, entendida como un campo en el que la captura institucional y la corrupción sistémica tienen consecuencias que trascienden lo administrativo para volverse ecológicas e irreversibles.

Recapitulación: la obsesión por la corrupción

En 1995 se promulgó la Ley 190; luego, en 2011, se aprobó la Ley 1474, ambos pilares de la legislación que conocemos como "anticorrupción". Estos estatutos no fueron resultado de una reflexión estructural sobre la fenomenología de la corrupción y las aspiraciones morales del gobierno democrático, sino principalmente respuesta a escándalos que saturaron la agenda mediática.

Un análisis discursivo de los debates que precedieron a estas leyes revela que la palabra “corrupción” funciona en Colombia como un significante ontológicamente vacío, un sustantivo que transmuta a conveniencia en adjetivo fácilmente y viceversa: es moldeada retóricamente por políticos, periodistas y funcionarios para legitimar acciones coyunturales, atacar al enemigo político y validar estrategias de acción, pero permanece huérfana de una definición precisa.

Las leyes anticorrupción colombianas operan así en el terreno de lo moral-emocional más que en un plano técnico-moral.

Este vacío semántico no es inocente. La indeterminación conceptual permite que la categoría "corrupción" sea instrumentalizada según la conveniencia de los actores con poder: el corrupto siempre es el otro, el adversario, el rival político. La corrupción se convierte en un arma retórica al servicio de la competencia electoral, mientras las redes que sostienen una fenomenología de captura del Estado y crean barreras aristocráticas para acceder al gobierno parecen reforzarse en toda sociedad altamente compleja. La permanencia de esas redes, y de las mentalidades que las hacen tolerables, es justamente la condición que hace necesaria una revolución ética.

A pesar de las críticas legítimas al trabajo de Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 ofrece un soporte empírico para afirmar que existe un problema estructural en el sistema democrático y en la administración del orden nacional: Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100, ubicándose entre los países con graves dificultades en el sector público. Si estamos frente a un escenario critico ¿Qué hacemos, creamos más delitos, establecemos mas amenazas para aparentar que el problema tiene una estrategia de solución sería?

  Elites y mentalidades

La democracia no es un sistema que alivie de manera mecánica la fenomenología de la corrupción.

Transparencia Internacional documenta cómo democracias consideradas "maduras" —Estados Unidos (64 puntos, su peor puntuación histórica), Francia (66), Reino Unido (70), Canadá (75)— registran retrocesos significativos. Las democracias imperfectas obtienen en promedio 47 puntos, mientras los regímenes autoritarios apenas alcanzan 32. El peligro real no está en los extremos: está en el tránsito de la democracia plena hacia la democracia imperfecta, justamente el umbral en que se encuentra Colombia.

El mecanismo de degradación se identifica por algunos síntomas recurrentes: el debilitamiento de los contrapesos independientes, la infiltración del dinero privado en la financiación política y la captura progresiva de las instituciones de control. Las democracias incentivan, con el paso del tiempo, la emergencia y proliferación de élites que aprenden a habitar las instituciones sin someterse realmente a ellas.

Giovanna Rodríguez García y Bonnie Palifka, en la introducción al dossier de la revista Reflexión Política dedicado a la corrupción y la anticorrupción en América Latina, retoman un concepto interesante: la paradoja de Ícaro. Los organismos anticorrupción que se acercan demasiado a las élites que deben vigilar terminan siendo destruidos por ellas. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ilustra el patrón: construida como modelo internacional, fue desmantelada cuando comenzó a incomodar a las mismas élites que la habían tolerado mientras perseguía a sus adversarios. En Colombia este ciclo se repite: la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría han experimentado, en distintos momentos, cómo el poder político instrumentaliza los órganos de control para fines distintos a los institucionales.

El problema, sin embargo, no se agota en la cuestión de pesos y contrapesos. El asunto central está en la mentalidad, es decir, en los valores que las élites imponen —mediante la seducción simbólica, el uso de diversas formas de violencia y los mecanismos de recompensa—: quienes se acercan a las élites o se relacionan con ellas tienden a reproducir y participar en sus ceremonias.

Una revolución ética dentro de la función pública debe llevarnos a quitarnos las máscaras con las cuales la ambición y la codicia se camuflan: exigirá deconstruir lugares comunes de legitimación y aceptar que muchos de los valores que han servido para sobrevivir en el mundo laboral estatal están putrefactos, y que se requiere transformar el sistema de trabajo de la función pública para reducir la influencia de las élites sobre el Estado, y en una perspectiva utopía, ir diseñando formas de gobierno efectivas con baja tendencia al aglutinamiento de poder.

A dónde dirigir los esfuerzos de una revolución ética

Cuando se dice que la corrupción hace parte del sistema, conviene precisar a qué dimensiones nos referimos: la intermediación clientelista, el tráfico de información privilegiada, la discrecionalidad en la contratación, la cultura del atajo como valor capitalista: aceptamos la ideología capitalista en el mercado pero su intromisión en el sector público genera una disonancia atormentadora.

Dichos factores no son vicios individuales ni fallas morales de funcionarios específicos: son lógicas sistémicas que se reproducen porque las instituciones que deberían regularlas fueron diseñadas —o progresivamente degradadas— para tolerarlas. Cuando hablamos de instituciones en este contexto, nos referimos a la burocracia en sentido amplio: la sumatoria de organizaciones, normas formales e informales y procedimientos que constituyen el aparato del Estado.

De ahí que exista una tensión estructural entre democracia y burocracia que ningún estatuto ha logrado resolver. Las medidas anticorrupción han tendido a fortalecer la legitimidad simbólica del Estado en lugar de mejorar técnicamente los procesos que hacen vulnerable a la burocracia. Se nombran comisionados, se crean secretarías, se promulgan estatutos. Pero convocar a algunos funcionarios impolutos a reunirse unas horas para discutir los valores de la ética pública —como si la corrupción fuera un problema de urbanidad y no de estructura— no transforma nada: reproduce la ficción de que el problema es moral e individual, y deja intactas las condiciones que lo hacen posible.

Los investigadores coinciden en que la corrupción no puede entenderse como una simple suma de decisiones individuales, ni combatirse únicamente con reformas legales aisladas. Lo que importa es cómo operan las redes de poder y qué lugar ocupa el conocimiento especializado en las decisiones de gobierno. En Colombia, esas redes —políticas, económicas y criminales— han desarrollado una capacidad adaptativa superior a la de las instituciones que buscan regularlas. El Cartel de la Toga, los acuerdos de Odebrecht, el yidispolítica, las "mermeladas", las "mochilitas": nombres distintos para el mismo fenómeno de captura sistémica, que se renueva y adapta con cada ciclo electoral.

¿Qué debería abarcar una revolución ética?

Una revolución ética, en el sentido que Iván Cepeda propone, no puede reducirse a metáfora moral ni a promesa de campaña. Exige partir de un diagnóstico sobre por qué han fallado las reformas anteriores, y reconocer los valores que operan en nuestra cultura que hacen a los individuos proclives a la hegemonía de las elites y las oportunidades reprochables de beneficiarse de la función pública.

Al respecto, en las siguientes líneas plantearemos algunos puntos críticos asociados con dicho diagnóstico.

1.   Redefinir la corrupción desde la captura estatal, no desde individuos corruptos

El primer paso es nombrar correctamente el problema. La corrupción en Colombia no es principalmente el resultado de funcionarios o políticos deshonestos actuando en solitario: es el producto de redes organizadas que capturan instituciones, contratos, partidos y poderes públicos, legitimadas por una mentalidad que es respetada dentro del espacio cívico y que se teme cuestionar, pues a través de ella muchos conservan expectativas de beneficio.

Una política anticorrupción eficaz debe atacar simultáneamente dos frentes: las estructuras materiales de la captura —los incentivos, las ventanas de discrecionalidad, los flujos de financiación oscuros— y la mentalidad que las hace tolerables, es decir, el sistema de valores compartidos que normaliza la captura como forma legítima de relacionarse con el Estado. Mientras ese segundo frente no se intervenga, castigar al eslabón más débil de la cadena —que es lo que han hecho históricamente los estatutos anticorrupción colombianos— no solo resulta insuficiente: refuerza la ficción de que el problema es individual y excepcional, y deja intacta la red que lo produce.

2.   Descongestionar los despachos judiciales

El IPC 2025 es categórico: allí donde el sistema judicial está politizado o carece de recursos suficientes, la impunidad se convierte en la regla y en el principal respaldo de las redes de captura.

En Colombia, la independencia judicial ha sido asediada de manera sistemática por el mismo poder político que debería ser objeto de control: el carrusel de nombramientos, la presión sobre fiscales en casos sensibles y la instrumentalización de la acción disciplinaria contra adversarios políticos no son anomalías del sistema, son su funcionamiento ordinario. Una revolución ética no puede limitarse a fortalecer los procesos de nombramiento de magistrados, fiscales y contralores, ni a garantizar que sus decisiones sean fundamentadas, revisables y públicas —aunque todo eso es necesario—: tiene que acelerar las transformaciones en la cultura institucional de la rama judicial, de modo que el discurso de la sanción no se quede en el tintero o como aliado astuto de la impunidad, se necesita velocidad.

3.   Transformar el financiamiento político y reducir la influencia de las élites

Los países con mayor transparencia en la divulgación de donaciones de campaña obtienen puntuaciones promedio de 68 puntos, frente a 31 puntos en aquellos sin ningún mecanismo de divulgación. En Colombia, el financiamiento oscuro de campañas —con recursos del narcotráfico, de rentas estatales desviadas y de grupos criminales— es el nudo gordiano que reproduce los carteles políticos elección tras elección. No hay revolución ética posible sin una reforma radical del sistema de financiación de la política.

La pregunta de fondo, sin embargo, es más exigente: ¿cómo reducir el poder de las élites sobre el Estado sin paralizar la toma de decisiones ni deteriorar la capacidad de gestión pública? El politólogo Jeffrey Winters ofrece un marco conceptual útil. En Oligarchy (2011), argumenta que la oligarquía no es desplazada por la democracia sino que se fusiona con ella: los oligarcas utilizan las instituciones democráticas como mecanismo para defender su riqueza, y el problema del Estado de derecho en muchas sociedades no es la ausencia de normas, sino la incapacidad de domar a quienes concentran poder a través de ella. En su libro más reciente, The Blind Spot: How Oligarchs Dominate Our Democracy (2026), profundiza en cómo la riqueza extrema produce zonas de poder que la ciudadanía deja de ver, cuestionar o regular.

Desde este marco, una revolución ética que aspire a reducir la injerencia de las élites requiere cambios simultáneos en la burocracia y en las mentalidades que la habitan: dos frentes inseparables, porque modificar procedimientos sin intervenir los valores que los operan produce resistencia cultural, y pretender transformar valores sin tocar los procedimientos produce buenas intenciones sin impacto institucional.

En el plano burocrático, hoy contamos con una herramienta que hace una década no existía con esta potencia: la inteligencia artificial y, en particular, los modelos de lenguaje de gran escala. Si la meta fundamental consiste en cerrar las ventanas de discrecionalidad que permiten que la decisión pública sea capturada por intereses privados, la tecnología disponible haría posible configurar sistemas de alerta absolutamente abiertos —lo que obliga a plantearse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿debemos aspirar a eliminar definitivamente los secretos de Estado, o al menos reducirlos a su mínima expresión justificable?

Es necesario quitarle al sistema la opacidad que necesita para operar: la corrupción no desaparece porque haya más sanciones, puede ir disminuyendo porque se queda sin instancias de materialización.

Vale advertir, sin embargo, que adoptar inteligencia artificial sin comprenderla es tan riesgoso como no adoptarla: algoritmos entrenados con datos sesgados pueden reproducir exclusiones históricas, y la dependencia de soluciones propietarias puede generar nuevas formas de captura tecnológica, de naturaleza corporativa y no menos peligrosa que la política. La condición para que todo esto funcione es siempre la misma: datos públicos estandarizados, reglas auditables, código abierto y participación social activa como contrapeso permanente.

Esto conduce al segundo frente: la participación ciudadana directa a través de medios digitales, que ya no es una aspiración futura sino una posibilidad concreta. Más allá de las veedurías tradicionales, hoy es posible construir mecanismos de democracia directa digital que redistribuyan poder de manera efectiva y continua: plataformas de presupuesto participativo con resultados vinculantes y trazabilidad pública de la ejecución; sistemas de denuncia ciudadana protegida con verificación algorítmica. La clave no es la tecnología en sí misma: es que estas herramientas redistribuyan información y poder de veto hacia la ciudadanía organizada, rompiendo el monopolio de las élites sobre el conocimiento de los asuntos estatales.

4.   Mentalidades y habitus: ética y sociología

En el plano de las mentalidades, el cambio es más lento que cualquier reforma normativa o implementación tecnológica, pero no por ello menos concreto ni menos urgente. Las élites colombianas —y quienes aspiran a serlo— han naturalizado una cultura en la que acceder al Estado se percibe como una oportunidad legítima de retribución personal, como si el cargo público fuera una inversión con derecho a rendimientos. Esta lógica mercantilista es quizás el sustrato más resistente de la corrupción, porque no requiere de una red organizada para reproducirse: basta con que cada persona crea que la realidad funciona así. Cuestionar esa lógica se vive con frecuencia como ingenuidad o como amenaza, y quienes la cuestionan quedan expuestos precisamente porque el sistema no está diseñado para protegerlos sino para desincentivarlos.

La evidencia acumulada muestra que esa mentalidad no se transforma con campañas de sensibilización ni con talleres de ética pública: cambia cuando las reglas se cumplen de manera consistente, cuando la impunidad deja de ser la norma estadísticamente esperable y cuando los funcionarios que actúan con integridad son visibles, reconocidos y protegidos de las represalias que hoy los amenazan. Cambia también cuando la ciudadanía tiene herramientas reales para ver, comparar y denunciar en tiempo real, porque la mentalidad corrupta prospera en la oscuridad institucional y se debilita, de manera sostenida, en la transparencia radical. Pero reducir el problema del cambio de mentalidad a una cuestión de incentivos y sanciones —premiar al que se porta bien, castigar al que se porta mal— es reproducir exactamente la misma lógica mercantilista que se pretende desmontar.

La sociología francesa ofrece aquí una herramienta conceptual más precisa. Pierre Bourdieu demostró que las mentalidades no son simplemente actitudes individuales que se modifican cuando cambia el entorno normativo: son habitus, es decir, sistemas de disposiciones duraderas incorporadas a lo largo de la trayectoria social de los agentes, que operan por debajo del umbral de la conciencia y la deliberación. La naturalización del peculado, del cohecho, la negociación de nombramientos o el trato de la función administrativa como si fuera una empresa privada no opera necesariamente como resultado de una decisión racional en cada momento: según Bourdieu se debe a la reproducción de un esquema de percepción y acción que se aprende en el campo de la función pública colombiana y su ecosistema democrático, un campo en el que esas prácticas constituyen la doxa, es decir, el conjunto de presupuestos que se dan por sentados sin necesidad de enunciarse.

Por eso las reformas normativas aisladas resultan insuficientes: no transforman el campo con la profundidad necesaria para producir lo que Bourdieu llamó histéresis del habitus. La histéresis ocurre cuando el campo se transforma tan radicalmente que las disposiciones incorporadas por los agentes quedan desfasadas respecto a las nuevas condiciones, es decir, cuando las viejas prácticas dejan de funcionar porque el entorno que las hacía rentables y legítimas ha dejado de existir. En Colombia, ese umbral de transformación nunca se ha alcanzado: los estatutos anticorrupción modifican algunos procedimientos formales sin alterar la estructura profunda del campo burocrático, de modo que las disposiciones que organizan la captura siguen siendo perfectamente funcionales dentro de él. Las reglas cambian en el papel; el campo permanece. Para que el habitus corrupto quede verdaderamente desmantelado —no inhibido temporalmente sino vaciado de sentido práctico—, se requiere una transformación del campo suficientemente amplia, coordinada y sostenida como para que quien intente reproducir las viejas disposiciones se encuentre, de manera sistemática, sin las condiciones objetivas que las hacían posibles: sin la opacidad que protege la discrecionalidad, sin las redes clientelistas que garantizan la impunidad, sin la estructura de financiamiento político que convierte la captura en inversión rentable. Solo cuando actuar con integridad sea la estrategia que tiene más sentido dentro del campo —y no la excepción que se paga cara— habrá condiciones reales para que un nuevo habitus se consolide y se transmita.

¿Qué implica todo esto para una revolución ética en el poder ejecutivo? Que la transformación de la mentalidad no se produce ni por decreto ni por incentivo aislado, sino únicamente cuando las condiciones objetivas del campo se alteran con la profundidad y la simultaneidad suficientes para provocar una histéresis real. Sin entrar en los detalles de las teorías de Persson, Rothstein y Teorell, este grupo de investigadores cada uno desde sus diferentes investigaciones demostraron que las reformas anticorrupción fracasan sistemáticamente en contextos de corrupción sistémica porque parten de una premisa equivocada: tratan el problema como si fuera un asunto de agentes individuales deshonestos, cuando en realidad es una trampa de acción colectiva.

En un campo donde la corrupción es la norma esperada, cada actor —incluso el que personalmente preferiría actuar con integridad— tiene incentivos para comportarse de manera corrupta porque anticipa que todos los demás lo harán. Nadie quiere ser el «único honesto» en un sistema corrupto, porque serlo tiene costos reales y beneficios nulos. Esta es, en términos de Bourdieu, exactamente la doxa del campo: no necesita enunciarse porque todos la dan por sentada y todos la reproducen. De ahí que Rothstein proponga lo que denomina un enfoque de big bang anticorrupción: la única forma de salir de una trampa de acción colectiva es mediante una intervención simultánea, coordinada y suficientemente creíble como para que cada actor pueda anticipar razonablemente que los demás también cambiarán de comportamiento.

No se trata de persuadir a nadie de que sea más honesto: se trata de cambiar las expectativas de todos al mismo tiempo, alterando de manera tan profunda las condiciones objetivas del campo que las viejas disposiciones queden sin sustrato donde reproducirse.

La revolución ética que propone Iván Cepeda solo tendrá consecuencias estructurales si se diseña desde esta lógica y no desde la lógica del estatuto anticorrupción de turno. Mientras las intervenciones sobre el campo sean parciales y secuenciales, los nuevos actores que entren al sistema convergerán hacia el equilibrio existente porque las condiciones estructurales que lo sostienen permanecerán intactas. El campo seguirá produciendo las mismas prácticas porque seguirá siendo el mismo campo. Una democracia con baja injerencia de élites no se construye con una sola norma ni con una sola entidad de control: se construye cuando la opacidad deja de ser la arquitectura del Estado, cuando el financiamiento político deja de ser el mecanismo de inversión de las élites y cuando las multitudes organizadas tienen herramientas reales para ver, comparar, actuar sobre lo que el Estado hace —todo ello al mismo tiempo, con la velocidad y la contundencia suficientes para que el campo no tenga tiempo de adaptarse antes de que el nuevo equilibrio se consolide.

Mas que una con conclusión, una apertura al diálogo: refundar el campo, no remendar el estatuto

Colombia lleva treinta años reformando la corrupción en lugar de transformar las condiciones que la hacen posible, y la diferencia entre ambas operaciones no es de grado sino de naturaleza: las reformas responden a escándalos con parches normativos que el campo burocrático absorbe sin dificultad; las transformaciones atacan los mecanismos estructurales que producen los escándalos y hacen que reproducirlos siga teniendo sentido práctico. Una revolución ética, en el sentido que propone Iván Cepeda, es precisamente la decisión de abandonar la lógica del remiendo y asumir la de la refundación, lo que exige intervenir de manera simultánea y coordinada los cuatro planos que este texto ha recorrido —el mental, el burocrático, el democrático y el político— porque dejar sin intervenir cualquiera de ellos equivale a dejar intacto el sustrato que permite al habitus corrupto regenerarse. Esa simultaneidad no es un detalle de implementación: es, como demostraron Rothstein y sus colaboradores, la condición sin la cual ninguna reforma logra romper la trampa de acción colectiva que sostiene la corrupción sistémica, porque en un campo donde todos anticipan que los demás seguirán actuando de la misma manera, el actor que cambia unilateralmente no transforma el sistema sino que simplemente asume los costos de la excepción.

Proyectada sobre la política ambiental colombiana, esta lógica adquiere una urgencia adicional: cuando la captura institucional alcanza a las autoridades ambientales y territoriales las consecuencias no se miden en recursos desviados sino en ecosistemas degradados de manera irreversible, en decisiones de ordenamiento territorial tomadas a conveniencia de intereses económicos y en defensores del territorio asesinados por ejercer exactamente el contrapoder ciudadano que una revolución ética necesita proteger.

Por eso transparentar el financiamiento político es simultáneamente una reforma ambiental; por eso abrir los expedientes de licenciamiento en tiempo real es simultáneamente una intervención sobre el habitus burocrático (Acuerdo de Escazu); y por eso transformar la concertación comunitaria de trámite de validación a proceso continuo de legitimidad territorial es simultáneamente una apuesta por el nuevo equilibrio que Rothstein describe: aquel en el que cada actor puede anticipar razonablemente que los demás también han cambiado, y en el que actuar con integridad ha dejado de ser la excepción heroica para convertirse en la regla ordinaria del campo.