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La delimitación de Cruz Verde Sumapaz- el páramo más grande del mundo. Reflexiones sobre la resolución 960 de 2026

hace 11 minutos
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Corporación Ius Ambiente


En marzo de 2025, desde la Corporación Ius Ambiente advertimos que la nueva delimitación del complejo de páramos Cruz Verde–Sumapaz se había convertido en una carrera contra el tiempo. El proceso participativo ordenado judicialmente seguía avanzando, pero el plazo entonces vigente se acercaba a su vencimiento y todavía faltaban etapas fundamentales para cumplir las reglas establecidas por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-361 de 2017.


La carrera tomó más tiempo del previsto. El Juzgado 40 Administrativo de Bogotá volvió a ampliar el plazo y el procedimiento continuó durante 2025 y buena parte de 2026. Finalmente, el 4 de agosto de este año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 0960 de 2026 y delimitó participativamente 314.706 hectáreas del complejo Cruz Verde–Sumapaz. Con ello terminó un proceso judicial y administrativo que se había prolongado durante casi siete años.


El resultado merece ser reconocido. No solamente porque Cruz Verde–Sumapaz es considerado el complejo de páramos más grande del mundo, sino porque esta es la primera vez que uno de los procesos de delimitación sometidos judicialmente al estándar participativo construido a partir de la Sentencia T-361 de 2017 logra culminar mediante una nueva delimitación integral.


 

 

La Sentencia T-361 de 2017 tuvo origen en la delimitación del páramo de Santurbán. La Corte Constitucional concluyó que la protección de estos ecosistemas no podía reducirse a una decisión técnica adoptada unilateralmente por la administración y estableció reglas para garantizar una participación ambiental amplia, deliberativa y con capacidad real de incidencia. (Recomendamos leer la columna denominada -La utopía de la T-361 de 2017-)


De allí surgió una metodología particularmente exigente. La delimitación debe atravesar siete fases —convocatoria, información, consulta e iniciativa, concertación, observaciones al proyecto de acto administrativo, expedición de la resolución e implementación de los acuerdos— y debe abordar seis asuntos que la Corte consideró ineludibles: el área del páramo, la reconversión o sustitución de actividades, la protección de las fuentes hídricas, el sistema de fiscalización, las instancias de coordinación y el modelo de financiación.


Ese estándar terminó proyectándose sobre otros procesos judiciales. Además de Santurbán, decisiones adoptadas por distintos jueces del país ordenaron adelantar nuevas delimitaciones participativas en los complejos de Pisba, Almorzadero y Cruz Verde–Sumapaz, disponiendo que estos procesos debían cumplir los parámetros dispuestos en la Sentencia T-361 de 2017. Así, cuatro de los procesos de delimitación de páramos más relevantes del país quedaron sometidos a un estándar reforzado de participación ambiental:


1)   Pisba.

2)   Sumapaz.

3)   Almorzadero.

4)   Jurisdicciones–Santurbán–Berlín.


Nueve años después de la T-361, solo uno ha logrado ser delimitado bajo estos estándares.

Santurbán continúa siendo el caso más complejo. En agosto de 2026 el Gobierno anterior intentó avanzar mediante una delimitación progresiva, acompañada de otras medidas de protección sobre su sistema hídrico, pero aquella decisión fue posteriormente revocada y el proceso integral continúa pendiente (léase la columna: La gestión ambiental del Gobierno De La Espriella. Entrega No II. Santurbán, Amazonía y consulta previa).


Pisba ha avanzado en la concertación territorial, aunque todavía no ha culminado el proceso; el Ministerio reporta acuerdos en nueve de los trece municipios involucrados. Almorzadero se encuentra aún más atrás, apenas en julio de 2026 se desarrollaban jornadas correspondientes a la fase informativa.


Cruz Verde–Sumapaz es, por tanto, el primer caso en el que la arquitectura participativa derivada de la T-361 logra desembocar en una nueva delimitación integral. 


Durante años se ha discutido si un procedimiento con semejante nivel de deliberación podía efectivamente terminar. La experiencia de Santurbán ha demostrado lo difícil que puede resultar concertar intereses ambientales, sociales y económicos en un territorio atravesado por conflictos mineros de enorme intensidad. Pisba enfrenta también una relación compleja entre conservación, minería y comunidades campesinas. Sumapaz no está exento de conflictos por el uso del territorio, pero la minería no ocupa allí el lugar estructurante que tiene en aquellos dos complejos. Buena parte de la discusión gira alrededor de actividades agropecuarias, permanencia campesina, protección hídrica, y gobernanza territorial.


Si bien la experiencia de Cruz Verde–Sumapaz no puede trasladarse mecánicamente a los demás complejos, especialmente por las particularidades sociales, productivas y mineras que atraviesan casos como Santurbán y Pisba, sí permite extraer una conclusión relevante, el modelo de delimitación participativa construido a partir de la Sentencia T-361 de 2017 no es, por definición, un procedimiento imposible de culminar.


La delimitación también debe contabilizarse como uno de los resultados ambientales positivos con los que terminó el Gobierno de Gustavo Petro.


Sería incorrecto atribuirle exclusivamente a esa administración el proceso. La sentencia que ordenó rehacer la delimitación fue expedida en 2019; el expediente acumuló varios años de actuaciones, prórrogas y trabajo comunitario; y detrás de la decisión existen organizaciones campesinas que llevaban mucho más tiempo discutiendo la protección y el manejo del territorio.


Pero sería igualmente equivocado desconocer que fue durante el Gobierno Petro cuando el proceso volvió a adquirir ritmo, se desarrollaron las principales etapas de consulta y concertación y finalmente se expidió la resolución.


Según el Ministerio de Ambiente, la delimitación se construyó mediante alrededor de 280 espacios de participación y diálogo, con más de 3.300 personas vinculadas al proceso. Solo durante la fase de consulta se desarrollaron 72 reuniones virtuales y 56 encuentros presenciales. La concertación involucró organizaciones sociales, juntas de acción comunal, comunidades campesinas e indígenas y autoridades de los municipios y departamentos con jurisdicción sobre el complejo.


La Resolución 0960 refleja buena parte de ese trabajo, incorpora reglas sobre reconversión productiva, protección de fuentes hídricas, financiación, fiscalización, coordinación institucional y participación comunitaria. También reconoce expresamente un enfoque diferencial campesino y la importancia de los conocimientos, formas organizativas y prácticas productivas de quienes han habitado históricamente el territorio.


Durante mucho tiempo la discusión sobre los páramos se concentró casi exclusivamente en la línea de delimitación: qué quedaba dentro y qué quedaba fuera. La jurisprudencia constitucional modificó progresivamente ese enfoque. Delimitar dejó de significar solamente identificar cartográficamente un ecosistema y pasó a exigir una discusión sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales de esa decisión.


En ese sentido, Sumapaz es probablemente la materialización más completa que hasta ahora hemos visto del cambio introducido por la T-361.


La línea sigue siendo importante. Dentro del área delimitada operan las restricciones previstas por la ley 1930 de 2018 y la Resolución ratifica, entre otras, las prohibiciones relacionadas con minería e hidrocarburos. Pero buena parte de las 72 páginas del acto administrativo están dedicadas a responder preguntas mucho más complejas: qué ocurre con las actividades agropecuarias preexistentes, cómo debe adelantarse su reconversión, cómo se protegen las fuentes de agua, quién financia las medidas, cómo participan las comunidades y qué instituciones deben encargarse del seguimiento.


Precisamente por eso sería un error entender la expedición de la Resolución 0960 como el final del proceso. La delimitación resuelve una discusión jurídica fundamental, define el área del ecosistema, establece un marco general de protección e incorpora los acuerdos alcanzados durante la participación. Pero muchas de las decisiones que determinarán la relación cotidiana entre conservación y territorio todavía están por definirse.


El siguiente paso es el Plan de Manejo Ambiental, la Resolución 0960 establece que las autoridades ambientales competentes deberán avanzar en su elaboración, adopción e implementación dentro del término previsto en el acto. Allí deberán traducirse buena parte de los principios y acuerdos generales de la delimitación en decisiones concretas sobre zonificación, usos, restauración, actividades productivas, protección hídrica, reconversión, seguimiento y financiación.

 

En algunos aspectos, esa discusión puede resultar incluso más compleja que la delimitación. Una resolución puede reconocer de manera general que las actividades agropecuarias deberán reconvertirse hacia modelos de bajo impacto. El Plan de Manejo tendrá que determinar cómo ocurre esa transición en el territorio. Puede establecerse que las fuentes hídricas deben recibir una protección especial, pero después será necesario identificar áreas de restauración, prioridades, responsables y recursos. Puede crearse una instancia de coordinación, pero esa instancia deberá funcionar y tomar decisiones entre múltiples autoridades ambientales, entidades territoriales y organizaciones comunitarias.


Por esa razón, la participación en la formulación del Plan de Manejo no debería entenderse como una etapa secundaria. Si algo demostró el proceso de Sumapaz es que las comunidades pueden aportar información territorial que difícilmente puede ser reemplazada exclusivamente por estudios técnicos. Y si la delimitación exigió una participación amplia porque podía afectar las condiciones de vida de quienes habitan el páramo, con mayor razón debe garantizarse una participación efectiva cuando se definan los usos específicos del territorio.


El modelo construido a partir de la T-361 es claro al disponer que la participación no termina con la expedición del acto e incluye expresamente una fase de implementación y seguimiento de los acuerdos. También prevé mecanismos permanentes de coordinación, fiscalización y gobernanza que solo tendrán sentido si permanecen activos después de delimitado el páramo.


Sin embargo, y lamentablemente Colombia no tiene precisamente una buena trayectoria en la adopción de planes de manejo de páramos. Aunque durante años diferentes informes han presentado cifras amplias sobre instrumentos de manejo existentes, una revisión más detallada muestra que con frecuencia se mezclan planes propios de los complejos paramunos con planes correspondientes a parques nacionales, parques regionales u otras áreas protegidas que se superponen con ellos.


Cuando se observa específicamente la adopción de Planes de Manejo Ambiental construidos para los complejos de páramo bajo las disposiciones de la Ley 1930 de 2018, los antecedentes siguen siendo excepcionales.


Un estudio reciente de la Contraloría General destacó que el Plan de Manejo Ambiental de Los Nevados, adoptado en 2023 mediante Comisión Conjunta, fue apenas el segundo instrumento de estas características construido bajo el artículo 6 de la Ley 1930, después del proceso adelantado en Frontino–Urrao. En junio de 2026, CAR, Corpoboyacá y Corpochivor adoptaron conjuntamente el Plan de Manejo de Rabanal–Río Bogotá, después de más de una década de trabajo.


Colombia ha avanzado mucho más rápido delimitando páramos que convirtiendo esas delimitaciones en instrumentos integrales de manejo. Ese rezago puede hacer que un acto administrativo jurídicamente ambicioso tarde años en producir todos sus efectos territoriales.


Cruz Verde–Sumapaz no debería repetir esa historia. El hecho de que el complejo abarque más de 314.000 hectáreas, se extienda por Cundinamarca, Meta, Huila y Bogotá y comprometa múltiples autoridades ambientales hace particularmente compleja la tarea. Pero precisamente por la magnitud del proceso participativo que acaba de terminar, existe una oportunidad para que la construcción del Plan de Manejo no comience desde cero.


Ya existen acuerdos, información territorial, organizaciones identificadas, mecanismos de participación, propuestas sobre reconversión, discusiones sobre protección hídrica y una estructura inicial de gobernanza. La siguiente etapa debería aprovechar ese capital institucional y social y no obligar a las comunidades a iniciar nuevamente una relación con el Estado como si nada de lo anterior hubiera ocurrido.


Cuando publicamos nuestra primera columna sobre Cruz Verde–Sumapaz, la principal preocupación era que el tiempo siguiera agotándose sin una decisión de fondo. La delimitación finalmente llegó. Debe reconocerse el trabajo de las comunidades que sostuvieron durante años la discusión, el papel del juez que obligó a rehacer el procedimiento y la decisión del Gobierno anterior de llevar el proceso hasta la expedición de la Resolución 0960. En un escenario ambiental en el que con frecuencia analizamos retrocesos, conflictos o decisiones incompletas, también corresponde reconocer cuando una actuación administrativa logra materializar una obligación largamente aplazada.


Pero sería prematuro hablar de una tarea lograda. Lamentablemente la experiencia colombiana demuestra que entre delimitar un páramo y gestionarlo adecuadamente puede existir una distancia considerable. Cruz Verde–Sumapaz ya cuenta con una nueva delimitación participativa; ahora necesita un Plan de Manejo capaz de convertir los acuerdos alcanzados en decisiones territoriales, recursos, reconversión productiva, restauración, protección hídrica y mecanismos efectivos de seguimiento.


La Resolución 0960 cerró una discusión que durante años transitó entre estrados judiciales, mesas técnicas y espacios de concertación territorial. Al mismo tiempo, abrió una etapa distinta y probablemente más decisiva para quienes habitan dentro y alrededor del ecosistema. Después de haber logrado delimitar participativamente el páramo más grande del mundo, el siguiente reto es demostrar que el Estado también puede gestionarlo de esa manera.

 

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